Es obligación de todo contribuyente conforme al Artículo 81 del Decreto 98 del 27 de septiembre del 2010, presentar una declaración que contendrá información sobre la renta que haya obtenido durante el período fiscal anterior, así como las utilidades que haya distribuido entre sus accionistas o socios y todo otro anexo o dato que sea requerido por la DGI por ser necesario para la precisa determinación del impuesto.

 

A través de la página electrónica de la DGI, los contribuyentes podrán comprobar la presentación de sus declaraciones juradas de rentas, así como comprobar la autenticidad de las mismas.

 

Presentarán este tipo de declaración los asalariados que soliciten devolución de impuestos, los profesionales independientes y las personas naturales comerciantes.

 

La obligatoriedad de la presentación de las Declaraciones de Renta está contemplada en el Artículo 710 del Código Fiscal.

No están obligados a presentar declaraciones juradas de renta:

• Los trabajadores que devenguen salarios siempre y cuando el empleador haya retenido la totalidad del impuesto.
• Las personas que reciban una jubilación o pensión de la Caja de Seguro Social y no tengan otro empleo o ingresos que esté gravado con el impuesto sobre la renta.
• Las personas naturales o jurídicas que hayan tenido un año fiscal como único ingreso, utilidades o dividendos sobre los cuales se haya retenido el impuesto de dividendos del 10% o 20% según corresponda.
• Las personas naturales o jurídicas que reciban ingresos provenientes de intereses bancarios.
• Las personas naturales que ejerzan profesiones o actividades con carácter de independientes, cuya renta gravable sea de mil balboas (B/1,000.00) o menos en el año fiscal respectivo, siempre y cuando sus ingresos brutos no asciendan más de tres mil balboas (B/3,000.00) anuales.
• Las personas naturales que se dediquen a la actividad agropecuaria y que tengan ingresos brutos anuales menores a cien mil balboas (B/100,000.00).

La multa por la presentación tardía de la Declaración Jurada de Renta para Persona Natural es de B/100.00 y para Persona Jurídica B/500.00.

Es obligatorio la presentación del ITBMS cuando los ingresos anuales superan más de B/36,000.00 o dependiendo de la actividad económica.

Se establece la obligación de que los registros contables que deben llevar y mantener las personas jurídicas, deben ser proporcionados al agente residente, para su custodia, a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del cada año fiscal, es decir, a más tardar el 30 de abril de cada año.

 

Tenemos la responsabilidad de informarles de las siguientes sanciones a las que se exponen las personas jurídicas que no cumplan con las obligaciones de enviarnos los registros contables.

 

La dirección General de Ingresos de Panamá sancionará a las personas jurídicas que incumplan con las obligaciones establecidas en la presente ley con multas desde cinco mil USD ($5,000) hasta un millón USD ($1,000,000) y adicionalmente se suspenderán los derechos corporativos de la entidad hasta que se subsane la infracción.

Inicialmente todo empleador, persona natural o jurídica, estatal y doméstico, con trabajadores a su servicio. Para ello, utilizará las respectivas claves de usuario, contraseñas y firmas digitales.

• Afiliar a sus nuevos trabajadores.
• Presentar el Aviso de Entrada de los nuevos trabajadores.
• Declarar las novedades que de la empresa.
• Presentar la planilla mensual de declaración de trabajadores y salarios.
• Obtener la facturación de la planilla mensual.

Es importante que el EMPLEADOR conozca que un TRABAJADOR que labora en su empresa como SERVICIOS PROFESIONALES, al terminar la relación laboral puede reclamarle prestaciones laborales.

 

El Ministerio de Trabajo toma en cuenta lo siguiente:

• Subordinación Jurídica: Artículo 64 C.T. la subordinación jurídica consiste en la dirección ejercida o susceptible de ejercerse, por el empleador o sus representantes en lo que se refiere a la ejecución del trabajo.
• Que exista Dependencia Económica: Artículo 65 C.T. cuando la suma que perecible la persona natural que presta el servicio o ejecute la obra constituya la única o principal fuente de ingresos.
• Que la persona cumpla con un horario establecido.

 

En caso de duda sobre la existencia de una relación de trabajo, la prueba de la dependencia económica determina que se califique como tal la relación existente de trabajo.

El mutuo acuerdo es una causa de terminación laboral indicada en el Artículo 210 numeral 1 del código de trabajo y claramente especifica: “Por mutuo consentimiento, siempre que conste por escrito y no implique renuncia de derechos”.

 

De acuerdo con lo anterior, es importante que usted antes de firmar un mutuo acuerdo tenga presente lo siguiente:

• Los derechos adquiridos que son de obligación pagar en el MUTUO ACUERDO son: salarios, vacaciones, décimo tercer mes y prima de antigüedad.
• El pago de la indemnización, preaviso, reintegro y salarios caídos son negociables en el MUTUO ACUERDO no de obligación pagarse.
• Al momento que la empresa le presente un MUTUO ACUERDO solicite la revisión de una entidad experta de lo que va recibir antes de firmar el documento, recuerde que lo único que puede reclamar son los derechos adquiridos.

Artículo 69 del Código de Trabajo:

“A falta de Contrato de Escrito, se presumirán ciertos los hechos o circunstancias alegadas por el trabajador, que debían constar en dicho contrato. Esta presunción podrá destruirse mediante prueba que no admita duda razonable.”

Normas, políticas y procedimientos debidamente aprobados por la Administración, Gerencia o Junta Directiva.

• Omisión o errores en registros o procedimientos.
• Ausencia parcial o total de segregación de funciones.
• Dependencia por la concentración de conocimiento.
• Reproceso de información.

• Por desconocimiento de cómo afecta e impactan las actividades que se realizan.
• Por ausencia de un adecuado traspaso de conocimiento.
• Duplicidad de funciones por la ausencia de tecnología.
• Ausencia de alerta para mejorar los procedimientos.

Consiste en la clasificación, nivel de riesgo, frecuencia y procedimientos que le asignes a cada cuenta.

• Adecuados: que estén alineados con el control interno de la empresa.
• Suficiente: Que cubran los riesgos identificados.
• Eficiente: Que se cumplan.
• Relevantes:  Que se enfoquen a temas importantes.

El sistema de impuesto sobre la renta de Panamá se basa en el “principio de territorialidad”, según el cual solo el ingreso generado o producido dentro del territorio de la República de Panamá está sujeto a impuestos.

Son impuestos nacionales los siguientes:

• El de Importación.
• El de la Renta.
• El de Inmuebles.
• El de Naves.
• El de Timbre.
• El de Aviso de Operación de Empresas.
• El de Bancos, financieras y Casas de Cambio.
• El de Seguros.
• El de Consumo al Combustible y Derivados del Petróleo.
• El de Transferencias de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios.
• El Selectivo al Consumo de ciertos Bienes y Servicios.
• El de Transferencias de Bienes Inmuebles.

El impuesto anual que causan los Avisos de Operación de Empresas será el 2% del capital de la empresa, con un mínimo de cien balboas (B/100.00) y un máximo de sesenta mil balboas (B/60,000.00). Quedan exentas las personas naturales y jurídicas con capital invertido menos de diez mil balboas (B/10,000.00).

 

Sin perjuicio de leyes especiales, las personas o empresas establecidas o que se establezcan dentro de áreas de comercio internacional libre que posea u opere la Zona Libre de Colón o en cualquiera otra zona o área libre establecida o que se cree en el futuro, no estarán sujetas a contar con el Aviso de Operación establecido en este artículo.

 

No obstante, estas empresas quedan obligadas al pago del uno por ciento (1%) anual sobre el capital de la empresa, con un mínimo de cien balboas (B/100.00) y un máximo de cincuenta mil balboas (B/50,000.00).

Es un tributo establecido por ley que debe ser pagado anualmente por las sociedades y fundaciones de interés privado constituidas bajo las leyes de Panamá para mantener su plena vigencia. El pago de este impuesto se debe realizar por conducto del Representante Legal o el Agente Residente de la sociedad o fundación de interés privado.

Conocido en otros países como IVA / VAT es el impuesto que grava las transferencias o transmisiones de bienes muebles realizadas en Panamá y la prestación de determinados servicios.

 

La tarifa de este impuesto será de siete por ciento (7%).

 

En los casos que se detallan a continuación se aplicarán las siguientes tarifas para este impuesto:

• La importación, venta al por mayor y menor de bebidas alcohólicas, las cuales tendrán una tarifa de diez por ciento (10%).
• La importación, venta al por mayor y menor de productos derivados del tabaco, tales como cigarrillos, cigarros, puros, entre otros, los cuales tendrán una tarifa de quince por ciento (15%).
• El servicio de hospedaje o alojamiento en todas las modalidades de establecimientos públicos causa una tarifa del diez por ciento (10%)

La consultoría de negocio está dirigida a ayudar a los dueños de empresas a identificar tanto sus puntos fuertes como de mejora, se tiene como objetivo generar estrategias de acción y cambio en los procesos, instruirlos con el propósito de llevarlos a una mejor toma de decisiones y finalmente incrementar la rentabilidad del negocio.

El propósito de la consultoría de negocio es ayudar a las empresas a encontrar soluciones, aumentar o encontrar la eficiencia y productividad en su operación, eliminar los gastos innecesarios y dar orientación en cualquier área.

Hay una serie de beneficios que se pueden generar por medio de la aplicación de la consultoría de negocios, entre los cuales podemos mencionar los siguientes:

• Definir las debilidades y fortalezas de la empresa, las fuerzas de resistencia y cambio dentro y fuera, la forma en que opera como sistema y los criterios adecuados para lograr su salud corporativa y financiera.
• Obtener un punto de vista imparcial y novedoso en la solución de problemas.
• Facilitar el acceso y adaptación a nuevas tecnologías, mercados y retos.
• Establecer un programa de implantación de soluciones y de procesos de mejora continua y, en algunos casos, poner en práctica las soluciones sugeridas.
• Utilizar expertos que tienen conocimientos y capacidades especiales.
• Bajar costos y aumentar la rentabilidad de la inversión.

Un consultor ayuda a una empresa a generar y llevar a cabo procesos de cambio exitosos, que den respuestas a las constantes demandas del entorno de negocios.

La consultoría de negocios permite brindar asesoría a las empresas para crear valor en forma sostenida. Además le permitirá definir el rumbo estratégico del negocio y alinear los esfuerzos de las diferentes áreas de la empresa para cumplir con su misión y alcanzar sus objetivos y metas.

Se debe definir si la empresa funcionará como Persona Natural o Persona Jurídica.

Es el aviso de operaciones, que anteriormente era conocida con el nombre de “patente” o “licencia comercial”. Hoy día la legislación vigente lo denomina Aviso de Operaciones (Ley 5 de 11 enero de 2007, Art. 8 y Decreto Ejecutivo 26 de 23 de julio de 2007, Art. 5).

 

A partir de la fecha de la citada Ley, el Aviso de Operación sustituyó a la Licencia o Registro Comercial.

Toda persona que establezca cualquier negocio, empresa o actividad gravable está obligada a comunicarlo inmediatamente al Municipio correspondiente, para su debida clasificación e inscripción en el Registro de Contribuyentes.

 

Los impuestos, contribuciones, rentas y tasas son fijadas por los municipios por mes y se calculan sobre la base de las ventas brutas anuales y en función de la actividad comercial. Los mismos deben pagarse durante el mes corriente. Esta obligatoriedad comienza a partir de la fecha de emisión del Aviso de Operación.

“Todo empleador tiene la obligación de registrar los contratos laborales en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), en la sección de contratos de la Dirección de Trabajo. El Contrato de Trabajo es un “Convenio verbal o escrito mediante la cual una persona se obliga a prestar su servicio o a ejecutar una obra a favor de otra persona bajo la subordinación o dependencia de ésta”.

(Artículo 62 del Código de Trabajo).

La ley orgánica de la CSS establece que es “deber de toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, que opere en el territorio nacional, inscribirse en la Caja de Seguro Social como empleador dentro de los primeros seis días hábiles de inicio de operaciones, cuando utilice los servicios e un empleado o aprendiz en virtud de un contrato de trabajo expreso o tácito, mediante el pago de un sueldo o salario”.

(Ley 51, Orgánica de la CSS de 27 de diciembre de 2005, Cap. VI, Art. 87).

Sí, es completamente legal que los extranjeros posean títulos de propiedad en Panamá a nombre personal, aunque normalmente nosotros recomendamos que los clientes extranjeros mantengan todas sus propiedades a nombre de una Persona Jurídica.

• Encontrar una propiedad que le guste y negociar el precio y los términos de la venta con el vendedor (o con el agente de bienes raíces en Panamá)
• Contratar un abogado calificado en Panamá para manejar la debida diligencia y la búsqueda del título de la propiedad.
• Preparar una promesa de compra – venta mediante un contrato escrito para bloquear la venta de la propiedad y asegurar las condiciones acordadas.
• Una vez que el abogado ha confirmado que el título de propiedad se encuentra limpio, se programará el cierre de la transacción, donde el comprador y vendedor firmarán el Contrato Definitivo de Compra – Venta.
• Pago de la propiedad al vendedor.
• El Contrato de Compra – Venta se presenta ante el Registro Público para su inscripción, donde será transferido el título de propiedad del dueño anterior al dueño nuevo.

El vendedor paga el 2% del Impuesto por Transferencia de Títulos, así como el anticipo del 3% por el Impuesto sobre las Ganancias de Capital.

Los costos de las inspecciones de casas en Panamá pueden variar entre cincuenta (US$50) y quinientos (US$500) Dólares Americanos dependiendo de las particularidades de la propiedad.

En Panamá, los propietarios son los responsables del pago de la comisión a las Compañías de Bienes Raíces.